En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reafirmamos un principio que orienta nuestro trabajo cotidiano: la inclusión no es un slogan, es una obligación del Estado y un derecho de cada persona.
Su cumplimiento se define en decisiones concretas, no en declaraciones abstractas. En nuestro país persisten barreras arquitectónicas, culturales y administrativas que condicionan la autonomía y la vida cotidiana de millones de personas.
En este contexto, cualquier ajuste que recaiga sobre quienes más apoyos requieren profundiza desigualdades y vulnera derechos. La reciente suspensión masiva de pensiones por discapacidad —sumada a recortes en programas y prestaciones esenciales— no es un detalle administrativo: es un retroceso que afecta directamente a los sectores más vulnerados de la sociedad.
La Defensoría lo ha señalado con claridad y respeto institucional: la protección social no puede ser la variable de ajuste. Los derechos conquistados son el piso desde el cual se debe avanzar, no retroceder. La discapacidad no es un asunto individual. Es un desafío colectivo que revela la calidad democrática y el compromiso de una sociedad con la igualdad.
En un momento en que miles de familias atraviesan incertidumbre, elegimos reforzar un valor fundamental: la unidad. Ninguna transformación profunda se logra desde la fragmentación. Solo la articulación entre Estado, organizaciones, instituciones y ciudadanía puede sostener lo que ya se alcanzó y construir lo que aún falta.
En esta fecha, renovamos nuestro compromiso: defender derechos, acompañar cada situación particular y trabajar para que la inclusión sea una realidad visible, palpable y sostenible en todos los ámbitos de la vida. Porque la unidad no es un punto de llegada. Es el punto de partida para que nadie quede atrás.